Hace casi seis años miles de familia perdieron sus
ahorros y sueños por las prácticas administrativas y
de ejecución de proyectos de construcción,
convenientemente estructuradas por un grupo de
conocidas empresas de ese sector.
Estas prácticas en definitiva, trasladaban los costos
de su errática "gerencia", ventajosa para ellos y
perniciosa para los compradores, que colocaban sus
ahorros para adquirir viviendas en los proyectos que
esas empresas ofertaban.
Desde la venta con ajustes constantes, hasta supuestas
asociaciones civiles, que resultaron ser escudos legales
y patrimoniales de sus promotores, sistematizando todo
para que, el riesgo de la pérdida fuese de los compradores
y todas las ventajas y protecciones financieras para los
constructores, como la realidad se encargó de demostrar.
Todavía hoy, miles de familias no han visto a ninguno de
esos "promotores y constructores" que, en el pasado, con
la promesa de entrega de la vivienda, no dudaban recibir
los fondos de éstas personas.
Al mismo tiempo, y no obstante ello, durante estos seis
años, constructores que si comprendieron la verdadera
naturaleza de la Intervención Inmobiliaria y su objetivo
social, se quedaron en el país, enfrentaron la situación
y establecieron acuerdos reparatorios en protección de
los compradores.
A todos ellos se les respetaron sus garantías y hasta el
día de hoy cumplieron los acuerdos estipulados; otros
de estos constructores, regresaron posteriormente y
solicitaron al Ministerio Público aplicar la Constitución,
explicando su situación, y se les permitió culminar las
obras.
La gran mayoría solucionó su situación, muchas obras
fueron concluidas y otras se encuentran en proceso de
culminación, sin cargar ajustes o cuotas especiales a
los compradores, puesto que el propósito de la
Resolución Gubernamental fue dejar claro que, sí el
constructor se ofrece como el especialista y en tal
condición se publicita para obtener los recursos de las
personas que confían en ellos y que además desconocen
los detalles de su operación, por lo cual entregan su dinero,
deben entonces también responsabilizarse por una
administración y aplicación eficiente de los recursos-
aunque esto signifique una disminución en sus ganancias
estimadas o incluso la pérdida-, si la operación no fue
adecuadamente gerenciada, indistintamente de las
circunstancias.
Muchos constructores, con la intervención del Ministerio
Público, Indepabis y el Ministerio del Poder Popular para
la Vivienda y Hábitat, resolvieron la situación en favor de
los afectados.
Sin embargo, un grupo reducido de constructores, prófugos
de la justicia venezolana, desde noviembre de 2010, que
jamás dieron explicación alguna a los compradores de los
que obtuvieron ingentes recursos financieros, nunca
retornaron al país, dejaron las cuentas de las obras en
cero y a sus clientes, contratistas y empleados absolutamente
abandonados a su suerte.
Desde la distancia convenientemente se autocalificaron
"perseguidos políticos" y expresaron que no volverían
porque la "Dictadura" no les garantizaría "mínimas
garantías procesales" ni derechos humanos. Olvidaron
mencionar que su verdadera y única obligación era, no
sólo captar los recursos de las personas, sino además,
cumplir con la entrega, bajo el precio pactado, en el tiempo
ofrecido, sin trasladar los errores de su gerencia a sus
compradores y rendir cuentas de la aplicación y tiempo
oportuno de dichos fondos.
Ahora, con la Ley de Amnistía que se pretende aprobar,
encontraron la oportunidad de fabricar, bajo el incentivo
de sus "diputados gestores" y tras la confeccionada
apariencia de justicia y reconciliación, la manera
perfecta de resolver su situación a la medida de la
indignidad: volver a su país, sin responsabilidad
alguna, sin la más mínima obligación de enfrentar
las graves situaciones que dejaron o responder
como deben a las miles de familias, obreros y
proveedores en ruina; mientras disfrutaron del
"duro exilio", jugando golf, en carros y apartamentos
de lujo, con los recursos que aquí faltaron para
culminar y en muchos casos hacer, los sueños de
miles de personas.
Sus "diputados representantes" (Alfonzo Marquina
(entre su misma gente llamado El Hombre del Maletín),
Dilcia Solórzano y Cía); gestionan salvoconductos en
el más perfecto sistema de impunidad, anomia y
desmemoria que se haya configurado alguna vez en
Venezuela.
¿Es esto amnistía y reconciliación o indolencia e
indignidad legislativa...? ¿En qué se benefician
miles de personas defraudadas o la sociedad
venezolana en general, con el regreso de unos
pocos individuos que jamás se responsabilizaron
por sus actos., vivieron con el lujo en el extranjero
que el dinero de quienes confiaron en ellos les
permitió, para ahora regresar impunes a pasearse
delante de miles de familias defraudadas..?
¿ Es ésta la Justicia Social y la reconciliación
que buscamos.? ¿ Por qué la única forma de
volver es justamente con una amnistía, politizando
una situación con origen, consecuencias y solución
absolutamente evidentes desde el punto de vista
financiero..?
Deben volver con las garantías que jamás dejaron
de tener y que nunca quisieron ejercer por la vía que
les corresponde, tal y como hicieron muchos
constructores resolviendo todas sus situaciones; pues,
el artículo 31 del Proyecto de Ley de Amnistía se
forjó e insertó a la medida perfecta de la indignidad,
la irresponsabilidad y la exoneración desvergonzada
que desde la mayoría del Poder Legislativo, gestores
dotados de inmunidad parlamentaria, ofrecen a sus
potentados clientes internacionales, amnistiando
delitos financieros cuya responsabilidad civil, penal,
administrativa, contable, fiscal o constructiva no fue
enfrentada por sus perpetradores. Con esto se
justifica dejar en las cuentas de estos individuos,
de forma legal, cantidades de dinero adeudadas a
venezolanos.
El Ministerio Público podría expresarles, una vez más,
que se les cumplirá el proceso en libertad y verán, como
igualmente, no regresan; por cuanto el mecanismo
perfecto es precisamente el ofrecido por sus gestores
parlamentarios, ya que las bondades que tal fórmula
ofrece son infinitas: volver, como víctimas y no
victimarios, a pasearse impunes y protegidos frente
a las miles de familias defraudadas; con su dinero
legalmente en las cuentas, prestos a seguir desarrollando
negocios en sociedad con sus parlamentarios-representantes
y desde allí ademandar al Estado venezolano y los miles
que timaron, por daños y perjuicios materiales y "morales",
es un trecho muy corto. ¿Cabe preguntarse: para esto
realmente es la Amnistía..?
¿Hemos aprendido algo de nuestra Historia..?
¿ Comprendimos las causas y consecuencias de estos
últimos 17 años, con el objeto de construir un país de
verdadero respeto al prójimo..?¿Creemos que esto o
algo peor no podría repetirse de nuevo..? ¿Pensamos
en el tiempo, ahorros y sueños perdidos de todas esas
personas que nunca obtuvieron sus viviendas o
terminaron pagando mucho más de lo que podían y
en las familias fracturadas, desilusionadas y
endeudadas..?. En la muy conveniente postura de
estos constructores de irse por años, dejando una
tragedia que nunca enfrentaron como debían, para
regresar completamente exonerados de
responsabilidad, mientras otros constructores
si solucionaron las situaciones... ¿es eso Justicia, …
para eso utiliza sus poderes la Asamblea Nacional?
¿Aplica aquí la amnistía o una investigación policial
a fondo para determinar por qué banqueros,
comerciantes, delitos financieros y estafas inmobiliarias,
se incluyen en la Amnistía, tras la apariencia de justicia
y reconciliación..? Por qué arriesgar la lucha de años
que beneficiaría a individuos
que han sufrido mucho en las cárceles venezolanas, en
defensa de sus ideales; por darles a unos pocos timadores
de profesión que huyeron de sus obligaciones, han
vivido suntuosos años sabáticos y no tuvieron el más
mínimo remordimiento, perdón e impunidad.
Recordemos: Banco Latino, Consolidado, Industrial
de Venezuela (primera vez); Italo Venezolano, BND,
Banco Caracas…, miles de préstamos a empresas
que se llevaron el dinero en la Cuarta República.
Ahora se escudan a timadores tras la Amnistía
Aprenderemos o seguiremos repitiendo los errores
históricos que ahora no se perciben, pero que con
los años aparecen como heridas profundas y reclamos
sociales por las injusticias.
Estas inconsistencias y contradicciones legislativas
traen secuelas. Cuando permitimos que situaciones
como éstas se susciten; se aúpa la impunidad del
cuello blanco, de quienes no delinquen con pistolas,
pero dañan aún más profundamente a las sociedades,
destruyendo el patrimonio de otros. Eso no puede
amnistiarse; la falta de responsabilidad para dar
las explicaciones
por el uso de los fondos de las personas, no puede
amnistiarse; la conveniente autovictimización para
politizar un delito financiero, no puede tornarse en
amnistía, porque es allí donde precisamente la
Amnistía se convierte en estafa..; ¡Una estafa legislativa¡
¿ Qué empresas involucradas en la destrucción
de los sueños de dos mil familias colaboraron
con "El hombre del Maletín", para consumar esta
estafa?
Veamos: Inmobiliaria Terrazas de Los Pomelos,
Inmobiliaria Copepy, Corporación Terraca, Desuica,
Grupo Alpais; Constructora Edivial; Promotora sjda
2002; Coycerca, Constructora Urpeca, Grupo Noi,
Desarrollos Tay Insular, , Inversiones Urbania 2007,
Consurtuy, Urbanizadora Nueva Casarapa, Promotora
Yuruari; Blancobeca, Inversora Siete B, Corporación
Banya.
¿Y quiénes son los constructores, para los cuales
la vida parecía discurrir sin angustias, hasta que la
Dictadura intervino en su libre comercio?
Elisa Larrain Velutini, Ricardo Padrón Enrique
Padrón, Humberto Padrón, Adolfo Yánez Luciani,
José María Alvarado, Oswaldo Carrillo Alonzo,
Oswaldo Carrilllo Roura, Alfredo Antonio Roura,
Juan Andrés Simón Azpúrua, Andrés Eduardo
Azpurua Ramírez, Carlos Arévalo, César Manuel
Molina, IvánPérez Rueda, Nicolantonio Ungavi
Lomanzo, José Ramón Urdaneta Brito, Francisco
Javier Reina Bello, Roberto Drewbear, Héctor
Casado Díquez y Pablo José Martínez Carpio,
Rafael Delgado Sosa, José Padua, Sergio Blanchez,
Rafael Carrilllo Rodríguez, Luis Arturo Arévalo Ottengo
y Ricardo Domínguez,
En medio de este torbellino legislativo, algunos de
los "perseguidos políticos", apuntalados por los
gestores parlamentarios han orquestado una
modalidad para extorsionar a quienes consideran
traidores porque nunca debieron ceder ante las
presiones de las víctimas y la respuesta gubernamental:
Dispersan sobre sus personas todo su excremento
regándolo con el ventilador de periodistas palangristas
que tienen su base en Miami y sus acólitos estacionados
en Venezuela, algunos de ellos renegados de la
"Divina Izquierda" ¡O te ensucio o hazme callar…¡,
parece ser su lema. Pero este es otro tema que, si
se nos permite, dejaremos para otra ocasión.
