viernes, 8 de abril de 2016

De la estafa legislativa a la Amnistía

Hace casi seis años miles de familia perdieron sus 
ahorros y sueños por las prácticas administrativas y 
de ejecución de proyectos de construcción, 
convenientemente estructuradas por un grupo de 
conocidas empresas de ese sector.
Estas prácticas en definitiva, trasladaban los costos 
de su errática "gerencia", ventajosa para ellos y 
perniciosa para los compradores, que colocaban sus 
ahorros para adquirir viviendas en los proyectos que 
esas empresas ofertaban.
Desde la venta con ajustes constantes, hasta supuestas 
asociaciones civiles, que resultaron ser escudos legales 
y patrimoniales de sus promotores, sistematizando todo 
para que, el riesgo de la pérdida fuese de los compradores 
y todas las ventajas y protecciones financieras para los 
constructores, como la realidad se encargó de demostrar.
Todavía hoy, miles de familias no han visto a ninguno de 
esos "promotores y constructores" que, en el pasado, con 
la promesa de entrega de la vivienda, no dudaban recibir 
los fondos de éstas personas.
Al mismo tiempo, y no obstante ello, durante estos seis 
años, constructores que si comprendieron la verdadera 
naturaleza de la Intervención Inmobiliaria y su objetivo
social, se quedaron en el país, enfrentaron la situación 
y establecieron acuerdos reparatorios en protección de 
los compradores.
A todos ellos se les respetaron sus garantías y hasta el 
día de hoy cumplieron los acuerdos estipulados; otros 
de estos constructores, regresaron posteriormente y 
solicitaron al Ministerio Público aplicar la Constitución, 
explicando su situación, y se les permitió culminar las 
obras.
La gran mayoría solucionó su situación, muchas obras 
fueron concluidas y otras se encuentran en proceso de 
culminación, sin cargar ajustes o cuotas especiales a 
los compradores, puesto que el propósito de la 
Resolución Gubernamental fue dejar claro que, sí el 
constructor se ofrece como el especialista y en tal 
condición se publicita para obtener los recursos de las 
personas que confían en ellos y que además desconocen 
los detalles de su operación, por lo cual entregan su dinero, 
deben entonces también responsabilizarse por una 
administración y aplicación eficiente de los recursos- 
aunque esto signifique una disminución en sus ganancias 
estimadas o incluso la pérdida-, si la operación no fue 
adecuadamente gerenciada, indistintamente de las 
circunstancias.
Muchos constructores, con la intervención del Ministerio 
Público, Indepabis y el Ministerio del Poder Popular para 
la Vivienda y Hábitat, resolvieron la situación en favor de 
los afectados.
Sin embargo, un grupo reducido de constructores, prófugos 
de la justicia venezolana, desde noviembre de 2010, que 
jamás dieron explicación alguna a los compradores de los 
que obtuvieron ingentes recursos financieros, nunca 
retornaron al país, dejaron las cuentas de las obras en 
cero y a sus clientes, contratistas y empleados absolutamente 
abandonados a su suerte.
Desde la distancia convenientemente se autocalificaron 
"perseguidos políticos" y expresaron que no volverían 
porque la "Dictadura" no les garantizaría "mínimas 
garantías procesales" ni derechos humanos. Olvidaron 
mencionar que su verdadera y única obligación era, no 
sólo captar los recursos de las personas, sino además, 
cumplir con la entrega, bajo el precio pactado, en el tiempo 
ofrecido, sin trasladar los errores de su gerencia a sus 
compradores y rendir cuentas de la aplicación y tiempo 
oportuno de dichos fondos.
Ahora, con la Ley de Amnistía que se pretende aprobar, 
encontraron la oportunidad de fabricar, bajo el incentivo 
de sus "diputados gestores" y tras la confeccionada 
apariencia de justicia y reconciliación, la manera 
perfecta de resolver su situación a la medida de la 
indignidad: volver a su país, sin responsabilidad 
alguna, sin la más mínima obligación de enfrentar 
las graves situaciones que dejaron o responder 
como deben a las miles de familias, obreros y 
proveedores en ruina; mientras disfrutaron del 
"duro exilio", jugando golf, en carros y apartamentos 
de lujo, con los recursos que aquí faltaron para 
culminar y en muchos casos hacer, los sueños de 
miles de personas.
Sus "diputados representantes" (Alfonzo Marquina 
(entre su misma gente llamado El Hombre del Maletín), 
Dilcia Solórzano y Cía); gestionan salvoconductos en 
el más perfecto sistema de impunidad, anomia y 
desmemoria que se haya configurado alguna vez en 
Venezuela.
¿Es esto amnistía y reconciliación o indolencia e 
indignidad legislativa...? ¿En qué se benefician 
miles de personas defraudadas o la sociedad 
venezolana en general, con el regreso de unos 
pocos individuos que jamás se responsabilizaron 
por sus actos., vivieron con el lujo en el extranjero 
que el dinero de quienes confiaron en ellos les 
permitió, para ahora regresar impunes a pasearse 
delante de miles de familias defraudadas..? 
¿ Es ésta la Justicia Social y la reconciliación 
que buscamos.? ¿ Por qué la única forma de 
volver es justamente con una amnistía, politizando 
una situación con origen, consecuencias y solución 
absolutamente evidentes desde el punto de vista 
financiero..?
Deben volver con las garantías que jamás dejaron 
de tener y que nunca quisieron ejercer por la vía que 
les corresponde, tal y como hicieron muchos 
constructores resolviendo todas sus situaciones; pues, 
el artículo 31 del Proyecto de Ley de Amnistía se 
forjó e insertó a la medida perfecta de la indignidad, 
la irresponsabilidad y la exoneración desvergonzada 
que desde la mayoría del Poder Legislativo, gestores 
dotados de inmunidad parlamentaria, ofrecen a sus
potentados clientes internacionales, amnistiando 
delitos financieros cuya responsabilidad civil, penal, 
administrativa, contable, fiscal o constructiva no fue 
enfrentada por sus perpetradores. Con esto se 
justifica dejar en las cuentas de estos individuos, 
de forma legal, cantidades de dinero adeudadas a 
venezolanos.
El Ministerio Público podría expresarles, una vez más, 
que se les cumplirá el proceso en libertad y verán, como 
igualmente, no regresan; por cuanto el mecanismo 
perfecto es precisamente el ofrecido por sus gestores 
parlamentarios, ya que las bondades que tal fórmula 
ofrece son infinitas: volver, como víctimas y no 
victimarios, a pasearse impunes y protegidos frente 
a las miles de familias defraudadas; con su dinero 
legalmente en las cuentas, prestos a seguir desarrollando 
negocios en sociedad con sus parlamentarios-representantes 
y desde allí ademandar al Estado venezolano y los miles 
que timaron, por daños y perjuicios materiales y "morales", 
es un trecho muy corto. ¿Cabe preguntarse: para esto 
realmente es la Amnistía..?
¿Hemos aprendido algo de nuestra Historia..? 
¿ Comprendimos las causas y consecuencias de estos 
últimos 17 años, con el objeto de construir un país de 
verdadero respeto al prójimo..?¿Creemos que esto o 
algo peor no podría repetirse de nuevo..? ¿Pensamos 
en el tiempo, ahorros y sueños perdidos de todas esas 
personas que nunca obtuvieron sus viviendas o 
terminaron pagando mucho más de lo que podían y 
en las familias fracturadas, desilusionadas y 
endeudadas..?. En la muy conveniente postura de 
estos constructores de irse por años, dejando una 
tragedia que nunca enfrentaron como debían, para 
regresar completamente exonerados de 
responsabilidad, mientras otros constructores 
si solucionaron las situaciones... ¿es eso Justicia, …
para eso utiliza sus poderes la Asamblea Nacional?
¿Aplica aquí la amnistía o una investigación policial 
a fondo para determinar por qué banqueros, 
comerciantes, delitos financieros y estafas inmobiliarias, 
se incluyen en la Amnistía, tras la apariencia de justicia 
y reconciliación..? Por qué arriesgar la lucha de años 
que beneficiaría a individuos
que han sufrido mucho en las cárceles venezolanas, en 
defensa de sus ideales; por darles a unos pocos timadores 
de profesión que huyeron de sus obligaciones, han 
vivido suntuosos años sabáticos y no tuvieron el más 
mínimo remordimiento, perdón e impunidad.
Recordemos: Banco Latino, Consolidado, Industrial 
de Venezuela (primera vez); Italo Venezolano, BND, 
Banco Caracas…, miles de préstamos a empresas 
que se llevaron el dinero en la Cuarta República. 
Ahora se escudan a timadores tras la Amnistía
Aprenderemos o seguiremos repitiendo los errores 
históricos que ahora no se perciben, pero que con 
los años aparecen como heridas profundas y reclamos 
sociales por las injusticias.
Estas inconsistencias y contradicciones legislativas 
traen secuelas. Cuando permitimos que situaciones 
como éstas se susciten; se aúpa la impunidad del 
cuello blanco, de quienes no delinquen con pistolas, 
pero dañan aún más profundamente a las sociedades, 
destruyendo el patrimonio de otros. Eso no puede 
amnistiarse; la falta de responsabilidad para dar 
las explicaciones
por el uso de los fondos de las personas, no puede 
amnistiarse; la conveniente autovictimización para 
politizar un delito financiero, no puede tornarse en 
amnistía, porque es allí donde precisamente la 
Amnistía se convierte en estafa..; ¡Una estafa legislativa¡
¿ Qué empresas involucradas en la destrucción 
de los sueños de dos mil familias colaboraron 
con "El hombre del Maletín", para consumar esta 
estafa?
Veamos: Inmobiliaria Terrazas de Los Pomelos, 
Inmobiliaria Copepy, Corporación Terraca, Desuica, 
Grupo Alpais; Constructora Edivial; Promotora sjda 
2002; Coycerca, Constructora Urpeca, Grupo Noi, 
Desarrollos Tay Insular, , Inversiones Urbania 2007, 
Consurtuy, Urbanizadora Nueva Casarapa, Promotora 
Yuruari; Blancobeca, Inversora Siete B, Corporación 
Banya.
¿Y quiénes son los constructores, para los cuales 
la vida parecía discurrir sin angustias, hasta que la 
Dictadura intervino en su libre comercio?
Elisa Larrain Velutini, Ricardo Padrón Enrique 
Padrón, Humberto Padrón, Adolfo Yánez Luciani, 
José María Alvarado, Oswaldo Carrillo Alonzo, 
Oswaldo Carrilllo Roura, Alfredo Antonio Roura, 
Juan Andrés Simón Azpúrua, Andrés Eduardo 
Azpurua Ramírez, Carlos Arévalo, César Manuel 
Molina, IvánPérez Rueda, Nicolantonio Ungavi 
Lomanzo, José Ramón Urdaneta Brito, Francisco 
Javier Reina Bello, Roberto Drewbear, Héctor 
Casado Díquez y Pablo José Martínez Carpio, 
Rafael Delgado Sosa, José Padua, Sergio Blanchez, 
Rafael Carrilllo Rodríguez, Luis Arturo Arévalo Ottengo 
y Ricardo Domínguez,
En medio de este torbellino legislativo, algunos de 
los "perseguidos políticos", apuntalados por los 
gestores parlamentarios han orquestado una 
modalidad para extorsionar a quienes consideran 
traidores porque nunca debieron ceder ante las 
presiones de las víctimas y la respuesta gubernamental: 
Dispersan sobre sus personas todo su excremento 
regándolo con el ventilador de periodistas palangristas 
que tienen su base en Miami y sus acólitos estacionados 
en Venezuela, algunos de ellos renegados de la 
"Divina Izquierda" ¡O te ensucio o hazme callar…¡, 
parece ser su lema. Pero este es otro tema que, si 
se nos permite, dejaremos para otra ocasión.

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