¡SE VENDE! ESTAFAS TIPO ESTUDIO
¿Hasta dónde llega el tejido de las organizaciones que han timado a los compradores de viviendas en Venezuela?
Inversiones Urbania 2007, C.A. Anexinca. Grupo Eiffel, C.A. Consurtuy, C.A. Promotora SJDA 2002. Coycerca, C.A. M G Construcciones, C.A. Amazonia, C.A. Proyecto Z-10. Tao Insular, C.A. Construcciones Edivial, S.A. Inversiones Blanchet. Urpeca. Constructora Cumberland. Inversiones Siete 13. Promotora Ambra, C.A. Inversiones K 2000, C.A. Promociones Las Marites I y II. Promotora Altos de Oro… La lista sigue y se extiende.
Según los datos que maneja Indepabis, estas empresas y otras tantas han sido objeto de sanciones administrativas que van desde la expropiación, pasando por la ocupación temporal, el congelamiento de las cuentas bancarias o la prohibición de enajenar y gravar, mientras se realizan las investigaciones que determinen sus responsabilidades en las presuntas estafas o fraudes inmobiliarios. En muchos casos, estas medidas se han acompañado de sanciones penales por parte del Ministerio Público, como la detención o la solicitud de privativa de libertad de por lo menos cien directivos o gerentes de estas constructoras o promotoras inmobiliarias a nivel nacional.
La historia. Ellos quieren un hogar estable y para intentarlo necesitan, en principio, una casa digna, pero propia. Sentirse dueños de su espacio. Se enteran de una oferta en la que aparece la palabra mágica: Venta. En algunos casos, preventa. Recaudan papeles, completan formularios, solicitan un crédito al banco, pagan una inicial, una reserva, depositan dinero y esperanzas. Esperan. Firman un contrato, esperan. Se emocionan. Y esperan.
Ellos quieren hacer lo que saben: construir. La construcción implica un uso, una utilidad, dotar de vida un espacio en el que antes sólo había aire. Eso fue lo que aprendieron: arquitectos, administradores, ingenieros, obreros, socios capitalistas. Quieren ganar dinero por lo que hacen. Entonces una constructora busca un terreno, lo adquiere, obtiene unos permisos que otorgan alcaldías, Ministerio del Ambiente, las instituciones responsables de agua y luz de las regiones donde se levanten las obras, bomberos, Sanidad y compañías de gas. Punto para poner un ojo, donde ellos a veces dejan los dos. Las constructoras también solicitan un crédito bancario y buscan una promotora que mercadee el urbanismo, primero, las maquetas y planos de las viviendas, después.
En este momento entran los que quieren su casa, cuando se firma el contrato, luego del depósito del dinero y la esperanza. Ambas partes tienen que cumplir con lo que está escrito en un documento legal. A partir de allí comienza a hacerse realidad un sueño, o también, depende de los 8.037 casos, según las denuncias que reposan en Indepabis, comienza a hacerse efectivo el presunto fraude o la presunta estafa inmobiliaria.
¿Quién tiene la culpa? ¿El Gobierno? ¿Las constructoras? ¿El capitalismo? ¿Los compradores? ¿La culpa es de la vaca?
El Estado. Augusto Montiel, presidente de Indepabis, vive recibiendo llamadas y denuncias diariamente. Tiene un mes en el cargo, pero varios años ocupándose del tema. Las cifras que maneja hasta el último corte, realizado en noviembre pasado, son: 791 urbanismos denunciados. La responsabilidad recae en 155 grandes constructoras y más de 600 empresas o empresarios de maletín. Los fantasmas. 100 cuentas congeladas. 33 urbanismos intervenidos. 5 expropiaciones. 18 medidas de ocupación temporal. Pero la cuenta sube.
"Protegeremos al débil jurídico", repite constantemente, "porque nosotros les decimos estafadores inmobiliarios, pero los afectados los llaman "malandros" y eso es lo que son: ladrones de cuello blanco, una mafia, carteles. ¿Qué es un cartel? Una organización delictiva que tiene ramas y asociados en muchos sectores del poder. Gente aquí, gente aquí, gente en todos lados. A los grandes, grandes, casi nunca le hacen nada, por ejemplo, a los Azpúrua (se refiere a los dueños del Grupo Eiffel, C.A., constructores con cinco décadas de trayectoria que levantaron, entre otras residencias, El Fortín, Valle de Chara, Terrazas de Guaicoco, Nueva Casarapa y Terrazas de la Vega), ellos se fueron del país, pero durante mucho tiempo estuvieron por ahí y podían agarrarlos. En Valencia el manejo de influencias es brutal. Tienen denuncias en la Fiscalía y tienen denuncias en el Indepabis, pero ¿dónde están?".
Comenta que hay que poner la lupa en los bancos, desde donde se otorgan créditos a las constructoras, sin supervisar el avance de las obras.
"Esa es la pregunta que hay que hacerse", dice Montiel, y en lugar de una, suelta un par: "¿por qué estos empresarios siguen recibiendo dinero de los bancos y a veces ni siquiera han comenzado las obras? ¿Por qué dicen que no tienen dinero por la inflación, pero construyen edificios en Panamá o el Caribe después de recibir financiamientos?"
La respuesta, que se devuelve como búmerang en forma de pregunta: ¿Tiene ejemplos concretos?
"Los constructores de San José del Ávila. Los representantes de Lomas de la hacienda (Blanchet), Urbania 2007 (Conj. Res. El encantado), Coycerca, C.A. (Monte Mayor). Son varios", contesta.
Los bancos. Entre los requisitos que exige el Banco de Venezuela para otorgar un crédito a una constructora, similar al de otras instituciones financieras, visibles y con planilla descargable desde su página web, junto a las advertencias, destacan: Que el monto máximo a financiar es de 75% de los costos directos de la obra (sin incluir el terreno). Que la inversión mínima del Promotor es de 25% por cada valuación de la obra ejecutada (sin incluir el terreno). Que el alcance de la hipoteca es dos veces el monto del crédito, y que el dinero se entregará parcialmente, previa presentación de una valuación de obra supervisada por el mismo banco.
Stop.
¿Una valuación de obra supervisada por el mismo banco? En Indepabis reposa un número indeterminado de denuncias que pasa de largo la treintena y tiene que ver, precisamente, con obras no ejecutadas o urbanismos desnudos, de empresas que recibieron créditos de diversos bancos que, se supone, fueron supervisadas.
Se consultó a las vocerías del Mercantil, Venezolano de Crédito, Provincial y Venezuela, pero no hubo una voz interesada en declarar. Algunos pidieron tiempo. Seguimos esperando sus respuestas.
El otro lado de la moneda. Martini. Ese es su apellido, como el trago que mezcla ginebra y vermouth, el que pide el elegante y bien peinado James Bond. De paso, se llama Aquiles, como el nieto de Éaco en la mitología griega, el de los pies ligeros y el talón débil. Su función al frente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela lo lleva de un tiempo a esta parte a correr y batallar contra la satanización, según sus palabras, al que han sido sometidos los sectores inmobiliario y de la construcción en el país.
Con las cifras del Banco Central de Venezuela, dicta charlas y conferencias para dejar bien claro que sí hay un incremento de por lo menos 18,2% en los costos de materia prima con respecto al último año, llámese acero, arcilla, cobre o ascensores; que ha habido un déficit en la producción de cemento, y que al cuarto trimestre de 2010, siempre según el BCV, la industria privada terminó y construye casi 70 % de las viviendas, mientras que el Estado sólo ha logrado terminar y actualmente levanta poco más de 30%. Dice: "Si al Gobierno le falta material y se retrasa, imagínate el sector privado". Se pregunta Martini ¿dónde están los imputados del sector público que tienen paralizadas las obras de las viviendas que le prometieron a la gente?
Martini suelta otra perla, o más bien un pequeño collar, para seguir con la metáfora: "Indepabis avaló cambios de contrato y durante mucho tiempo reconoció el IPC, que fue regulado en 2008 y eliminado en 2009, ¿qué pasó ahí? ¿No hay responsables por eso? Además, traemos cemento de Cuba, ¿eso qué quiere decir? Hay escasez. Los precios suben, no lo digo yo, lo dice el BCV ¿Por qué se da un aumento exponencial en las denuncias? Antes había 300, ahora hay casi 10 mil ¿Esas 10 mil personas pagaron lo que debían o muchos se están aprovechando de la situación? Hay decisiones desacertadas del Gobierno y de algunos constructores, pero se está sometiendo al escarnio público a una cantidad de empresas con historia, que han levantado hogares para miles de venezolanos, sin un derecho legítimo a la defensa. Primero los detienen, después los investigan. Cometen excesos y están destruyendo familias injustamente".
A la pregunta sobre cuáles constructoras, a su juicio, tienen una historia limpia y cumplen con las normas establecidas en los contratos, pero están siendo perjudicados por esta situación, Martini piensa, no quiere comprometerse, pero finalmente se atreve, como James Bond: habla de Edivial, propiedad de Ricardo, Humberto y Enrique Padrón Natale y Rafael Ignacio Ontiveros, sobre la que existe una medida de ocupación temporal; también de los constructores de El Encantado Humboldt, conjunto residencial expropiado por el Gobierno; menciona a Brickett, en BarquisImeto, "de los mejores, y está metido en un peo, ellos construyen fácil 5 mil viviendas al año, pero el gerente está preso". Dice, "el Consorcio Oliveira, en Acarigua, cuyo dueño está detenido; los Azpúrua, del grupo Eiffel, están corriendo injustamente, después de todo lo que han construido. Que denuncien apenas 10 o 20 personas en un urbanismo de 150 apartamentos, ¿es suficiente para declararlos culpables porque sí? Lea la nota de arriba.
Al igual que con los bancos, en la Cámara Venezolana de la Construcción respondieron el teléfono con amabilidad, pero no fue posible que concertaran un encuentro para proyectar un plano en concreto sobre el tema.
El complejo caso de Edivial
Cuatro representantes de Construcciones Edivial, S.A., una empresa con 20 años de experiencia, compran un terreno y diseñan un urbanismo de 144 apartamentos. Crean una Asociación Civil y se constituyen como la Junta Directiva. Elaboran un presupuesto, buscan a un centenar de posibles asociados. Los consiguen, firman contratos. En adelante, cada quien correrá con los costos del proyecto, que será supervisado por... Exacto: Construcciones Edivial, S.A. Ellos cobrarán una prima de 21% de ganancia bruta sobre el costo total de la obra.
Esto comienza en 2006. El nombre, para soñar en verde: Bosque de Los Samanes, en el Municipio Baruta. El costo, también, para soñar en verde, o en bolívares, hasta dónde alcance la imaginación de los bolsillos: BsF 3.900 por m2. La Junta directiva cambia en agosto de 2008, cuando aumentan las mensualidades de los asociados. Empiezan los retrasos. Los precios llegan casi a duplicarse y 21 asociados denuncian ante Indepabis a los cuatro dueños de Edivial: Rafael Ignacio Ontiveros, y con los apellidos Padrón Natale: Ricardo, Humberto y Enrique.
Indepabis considera que ellos construyeron un velo corporativo para ocultar una preventa y cobrar el IPC a los asociados de forma disfrazada. Dicta medida de ocupación temporal y les exige negociar con los 21 denunciantes. Entre las exigencias, según uno de los Padrón Natale, que declara vía telefónica, está devolver a los propietarios una suma que se ha invertido en la obra, y culminar la construcción de las viviendas con capital de su empresa. "Los ingresos del proyecto son los aportes de cada asociado. Edivial no es dueña del edificio, sólo contrata y supervisa, administra los recursos. En 20 años, ninguno de nuestros proyectos estuvo paralizado, este se estaba construyendo con algunos retrasos, pero se iba a terminar. Lo que pasa es que Indepabis no reconoce este esquema porque hay una empresa que promueve y genera una utilidad, y porque también tenemos una utilidad en el terreno", dice desde el extranjero uno de los acusados de estafa y sobre quien recae una medida de prohibición de salida del país y un auto de detención.
Humberto Díaz y Alfredo Bozo, dos de los 21 denunciantes, asociados de Los Samanes, aseguran que Construcciones Edivial subcontrató a empresas de las cuales, o alguno de los Padrón Natale o Rafael Ignacio Ontiveros eran directivos, y que el problema se agudizó a finales de 2010, fecha para la cual, en lugar de recibir las viviendas, como estaba proyectado, recibieron un aumento en el cobro de las mensualidades, bajo amenazas de perder sus cupos si llegaban a fallar en los pagos: "nuestro negocio era tener una vivienda, el de ellos era hacer dinero mientras construían una vivienda y se quedaban con otra, ¿quién sale perdiendo?", se pregunta Díaz.
La medida de Indepabis origina la paralización de la obra. Luego, Construcciones Edivial, S.A. no cancela los pasivos laborales de los obreros. Estos protestan y amenazan con invadir los inmuebles. Un grupo de asociados mantiene la denuncia, investiga, está convencido del fraude y confía en el Estado, otro grupo prefiere que Indepabis retire la sanción y pide que la empresa privada concluya su trabajo. Y la construcción sigue detenida, a medio levantar, con sus intenciones huecas.
Leo Felipe Campos / lcampos@cadena-capriles.com
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